El Estado ezquizofrénico I, II y III

29 de octubre de 2012.

POR Carlos Fazio / La Jornada

I

El régimen conservador de Felipe Calderón heredará al país un Estado de guerra permanente. Una sociedad sumida en la violencia, el terror y el caos. Y en muchos espacios del territorio nacional, una sociedad militarizada y paramilitarizada. El dispositivo ideológico de la violencia institucionalizada es el miedo. Un miedo aterrorizante, paralizador, potenciado por una estrategia comunicacional no desprovista de ideología. Una estrategia mediática enajenadora e invisibilizadora de la realidad, que como parte sustancial de las operaciones de guerra sicológica utiliza diferentes máscaras.

Así, mientras exhiben cuerpos decapitados, descuartizados o colgados, y dan cuenta de ejecuciones sumarias extrajudiciales, desapariciones, matanzas colectivas, fosas clandestinas y desplazamientos forzosos de población, los grandes medios encubren que la campaña de intoxicación (des)informativa sobre esos hechos –junto a la práctica sistemática de la tortura y la actual guerra de exterminio de rasgos neomalthusianos– tienen como objetivo principal generar miedo, inseguridad, angustias y rumores para aprisionar la subjetividad colectiva de la sociedad mexicana y facilitar el tránsito hacia un nuevo modelo de Estado autoritario, de corte policial-militar.

Con la salvedad de que esa violencia cotidiana de apariencia demencial –puesto que se trata de una violencia reguladora planificada que forma parte de una técnica coercitiva gubernamental–, ya normalizada, y el estado de excepción permanente instaurado por Calderón, no se deben a la ausencia del Estado, sino a la presencia de un Estado reformadocuya función es generar ese tipo de escenarios de terror y caos para garantizar la imposición y la eficaciadel actual modelo de acumulación capitalista, con eje en la privatización y la desregulación de la economía, en detrimento de las conquistas y los derechos de los trabajadores y las libertades constitucionales.

Tendencialmente, la reorganización del Estado con un perfil policial-militar llevaría a la construcción de lo que Robinson Salazar llamaciudadanías del miedo y Naomi Klein denomina “democracia big brother”, cuyo objetivo central es llevar la guerra de baja intensidad a la ciudadanía mediante la eliminación de los derechos políticos y el recorte de los sociales y laborales. Ergo, el modelo de la Seguridad Democrática de Álvaro Uribe en Colombia. Es decir, la conjunción de paramilitares, narcotraficantes y políticos y empresarios ligados a la economía criminal, que llevaron a la configuración de un Estado delincuencial y mafioso en ese país sudamericano. Un modelo cuya institucionalización en México corresponderá aterrizar ahora a Enrique Peña y el nuevo PRI, con la mediación del mejor policía del mundo, el colombiano Óscar Naranjo, quien responde a los intereses de Washington.

La articulación entre la neoliberalización de la economía y la represión marcan la tendencia hacia un terrorismo de Estado de nuevo tipo, funcional a la actual fase de reapropiación territorial y saqueo neocolonial trasnacional hegemonizada por Estados Unidos. No en balde la militarización de la seguridad pública en México ha sido impulsada y alimentada por Washington. El involucramiento de las fuerzas armadas mexicanas en funciones policiales –a la manera de un ejército de ocupación de su propio país o como brazo armadodel poder civil–, sigue la lógica del combate al enemigo interno propia de la vieja Doctrina de Seguridad Nacional, replanteada hoy conceptual y operativamente por el Pentágono. Un enemigo interno a aniquilar o exterminar, pero que a falta de unas guerrillas operativas o actuantes –como en el caso colombiano– es necesario combatir de manera preventiva bajo la mampara de laguerra a las drogas o al crimen organizado, para lo que fue necesario generar nuevos sentidos o matrices de opinión que permitan generar vínculos justificadores de la contrainsurgencia, comonarcoterrorismo y narcoinsurgencia, propalados por la actual secretaria de Estado, Hillary Clinton. Categorías introductorias, a la vez, de la guerra urbana como pretexto de laseguridad, todo lo cual ha llevado a una acelerada colombianización delflanco estratégico de Washington.

Paradójicamente, todo ello ocurre en el seno de un Estado mexicano escindido, que opera a la manera de dos Estados superpuestos –pero articulados e integrados por dos dinámicas contradictorias–, en uno de los cuales imperarían los principios del Derecho (proyectados por la Constitución y las leyes y compatible con los parámetros jurídicos internacionales), y en el otro una cierta ideología de la violencia estatal y paramilitar, como sustento de un aparato de poder fáctico al servicio de una minoría plutocrática y cleptocrática, insostenible sin altas dosis de violencia.

Al referirse al actual modelo de México: el Estado colombiano, Javier Giraldo identifica una identidad estatal profundamente escindida, pero cuya única posibilidad de conservar suunidad icónica fue la del ocultamiento o negación de parte delyo estatal convirtiéndola en una alteridad ficticia, asumida con fuerza en el discurso como alteridad real. Al buscar cierta analogía entre ese tipo de anomalía y la siquiatría, el jesuita colombiano descubrió que frente a fenómenos de un yo escindido, confuso, ambiguo, que llega al extremo de creerse otro y de definirse comootro, surgió lo que denomina unEstado esquizofrénico, una de cuyas manifestaciones más evidentes (pero no la única) es sin duda la estrategia paramilitar del Estado. Es decir, la conformación de una franja de la sociedad civil integrada de facto a la violencia del Estado sin reconocimiento formal, lo que permite al Estado como al Establecimiento identificarlo en el discurso formal como un no Estado, aunque sea de público dominio su íntima relación, histórica y estructural, con las instituciones oficiales. Fenómeno que se reproduce hoy en el México de Calderón.

II

Similar a la ensayada en Colombia en el último medio siglo, la estrategia paramilitar del Estado mexicano –la conformación de agrupaciones de bestias humanas integradas de factoa la violencia estatal sin reconocimiento formal– ha sido también el instrumento eje para enfrentar la guerra irregular de las guerrillas mediante otra guerra irregular y clandestina desde el Estado. Y si en las teorías de la guerra, la guerra de guerrillas fundaba sus métodos específicos en el hecho de ser un ejército pequeño que se enfrentaba a una maquinaria bélica estatal superior en condiciones de extrema desigualdad, las sucesivas expresiones del paramilitarismo en México –desde el Batallón Olimpia en Tlatelolco (1968), pasando por los halcones y la Brigada Blanca de la guerra sucia de los años setenta y la llamada caravana de la muerte del ex gobernador Ulises Ruiz en Oaxaca (2006), hasta los chicos rudos de Mauricio Fernández en el municipio de Garza García (Nuevo León), los escuadrones de limpieza social en Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas y los reactivados grupos paramilitares que hostigan a las bases civiles zapatistas en Chiapas– adoptaron métodos irregulares, asimétricos e ilegítimos de extrema barbarie, en abierta contradicción con el hecho de estar al servicio del polo más poderoso y bien dotado de la guerra.

Pero, como dice el jesuita Javier Giraldo sobre su país, Colombia, elpara-Estado que se revela en el paramilitarismo como una manifestación evidente de un Estado esquizofrénico al asumir la categoría de no-yo, en el discurso oficial de Felipe Calderón y los mandos militares y policiales trasciende a las instituciones de seguridad y se proyecta en todas las dimensiones del Estado mexicano, particularmente en los ámbitos de la justicia y delderecho, dado que el conflicto bélico es inseparable de un conflicto social (pretendidamente inexistente para el Estado esquizofrénico).

El sistema judicial mexicano reproduce el conflicto sico-social mediante la combinación de estrategias punitivas y no punitivas. Para los crímenes contra la humanidad que se originan en los agentes directos o indirectos (paramilitares) del Estado –verbigracia, ejecuciones sumarias extrajudiciales, tortura, desaparición forzada de personas y desplazamiento forzoso de población–, el sistema judicial ha adoptado estrategias de impunidad que en los últimos años han escandalizado a los organismos humanitarios nacionales e internacionales, mientras somete a los integrantes de los movimientos sociales y de los grupos disidentes o de oposición a una estrategia punitiva cuyo eje ha consistido en procesarlos como subversivos armados y/o integrantes del crimen organizado, sin serlo, para legitimar sus fallos en una lógica guerrera. Ello no puede darse sin un acomodamiento profundo del derecho penal y administrativo, acompañado de estrategias propagandísticas mediáticas legitimadoras de amplio alcance.

Se puede argumentar que lafacticidad del paramilitarismo en el intento de consolidación de una sociedad de pensamiento único durante el calderonismo, que prorroga los parámetros de la vieja doctrina deseguridad nacional mediante la eliminación física de lo alternativo al actual sistema de dominación de clase (caracterizado como el enemigo interno), pero dentro de los estándares formales de la democracia (como son el voto popular, la existencia de partidos y la separación así sea ficticia de poderes), se apoya en el manejo esquizofrénico del Estado que mantiene al paramilitarismo –en sus diferentes formas y representaciones mediáticas reales o encubiertas– en el estatus deno-yo, para poder inclusocombatirlo mediante formalismos seudolegales ineficientes, como en la Colombia de Álvaro Uribe, donde se llegó incluso a negociar su desmovilización, en una fórmula propagandística que, vía los medios, trató de esconder la verdad prosaica de una negociación (del Estado) consigo mismo (Javier Giraldo dixit).

Esa perversa combinación de estrategias punitivas y no punitivas exige al menos unos niveles superficiales de validez o legitimidadque se introducen necesariamente en el ámbito del derecho. Y es en ese campo donde se proyecta con toda su hipocresía y sutiliza la esquizofrenia del Estado. El divorcio entre ética y derecho cumple aquí su función ideológica (en sentido peyorativo) más profunda, y por ello los funcionarios son preparados desde las universidades en el más acendrado positivismo jurídico.

Esa preparación mental les permite asumir la contradictoria incoherencia personal entre eticidad y juridicidad, que se hace más soportable mediante cuadros esquizofrénicos sutilmentevalidados por la ciencia del derecho, mediante la domesticaciónde una serie de principios, figuras y mecanismos de impunidad y arbitrariedad judicial; la ruptura entre la verdad procesal y la verdad real (que lleva a desviar la mirada de torturas, ejecuciones sumarias, desapariciones, chantajes, sobornos o imposiciones autoritarias), y la ruptura entre el derecho internacional y el interno, asumiendo el primero mediante la firma, ratificación y proclamación de tratados internacionales, pero omitiendo su traducción a los mecanismos del derecho local –o retrasando su aplicación con argucias legaloides– para que los funcionarios se escuden en el vacío al evadir su aplicación.

La progresiva positivación de los derechos humanos –que redunda en el carácter sustantivo del derecho versusdejar como adjetivo lo humano– se enfrenta hoy al riesgo de quedar atrapada en la racionalidad instrumental, lo que convertiría esa reserva jurídica –con su carga histórica– en una técnica autónoma, desligada del mundo de los valores, la rectitud normativa, la ética y de las utopías que han seducido el deber serde los humanistas, para terminar siendo cooptada por la institucionalidad del Estado contra la cual se erigió en baluarte de defensa de los valores más esenciales de la especie.

III

En el contexto de un proceso de reorganización hegemónica del imperio a escala global, y con la excusa del combatir a la criminalidad, durante el sexenio de Felipe Calderón se desarrolló una guerra encubierta contra lo que quedaba del Estado social interior, que profundizó la desarticulación de lo público en beneficio de una plutocracia, nacional e internacional, que continuó concentrando de manera escandalosa los recursos, el conocimiento, la riqueza y el poder.

En un periplo que arrancó en los gobiernos neoliberales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, y continuó en los dos sexenios de Acción Nacional (PAN), con Vicente Fox y Calderón, el Estado mexicano y sus instituciones, articulados de manera subordinada a la red de control corporativo mundial, aseguraron la privatización de lo público, y también la penetración en los ámbitos más privados, como parte de un proceso de reorganización de lo público y lo privado en el que se han desdibujado las fronteras entre uno y otro ámbito.

Resultado de lo anterior, la élite económica y financiera depredadora global penetró en la jurisdicción y la autoridad del Estado mexicano, y controla hoy los mecanismos de decisión, empujando hacia una apertura total, tanto del Estado como de la nación, dejándolos indefensos. Cabe recordar que el sistema corporativo –por oposición al democrático del pregonado demagógico discurso oficial–, es jerárquico (restringe el derecho de decisión de la tecno-burocracia y la clase política), cerrado y orgánico (opera con espíritu de cuerpo), tiende al monopolio y concibe al conflicto como perjudicial. Se desarrolla así una suerte de esquizofrenia entre un discurso que reconoce como único principio de legitimación a la democracia –así sea restringida o procedimental– y unas prácticas políticas y sociales violentas que la desmienten.

Como sostiene Pilar Calveiro en su obra Violencias de Estadomientras los centros de poder se cierran, la democracia formal garantiza la apertura de las periferias (regionales, sociales, étnicas) para su penetración. De ello se encargan las élites políticas que generan, desde dentro del mismo Estado nacional, su debilitamiento corrosivo y su descrédito, así como el desmantelamiento de sus instituciones públicas, con la consiguiente pérdida de autonomía y soberanía estatales.

Para la consumación de esos objetivos, la red corporativa global utiliza a sus perros guardianes, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y a los órganos coercitivos de los estados (las fuerzas armadas y policías nativas), que funcionan como verdaderos garantes de la nueva forma de acumulación capitalista. La violencia estatal desempeña un papel central en el proceso de reconfiguración hegemónica neoliberal. Bajo las pantallas de las falsas guerras al terrorismo y al crimen organizado, la plutocracia global promueve la imposición de regímenes represivos concentracionarios, en un juego en apariencia disfuncional y contradictorio que se vincula con la proliferación de una criminalidad y unas mafias delincuenciales que resultan funcionales y articuladas a la globalización del mercado, ya que diseminan el terror y el miedo sociales, que conducen al abandono del espacio público y al encierro de la sociedad, lo que incentiva la parálisis colectiva y la desarticulación de las diversas formas de resistencia.

El amafiamiento de la política y la economía –legal e ilegal– son funcionales a las nuevas formas de acumulación porque corrompen al Estado, sus instituciones y la sociedad, permitiendo su penetración y convirtiendo a políticos y empresarios en cómplices y socios menores de los centros del poder hegemónico.

Como dice Pilar Calveiro, “las nuevas formas de la dominación pasan por el control corporativo –descentrado del Estado y concentrado en diferentes grupos de poder económico, jerárquicos y cerrados– de la totalidad de los recursos sociales”. Se trata de una red financiera-militar-tecnológica-comunicacional, en sus nodos centrales, con muchos focos o centros de poder diferenciados por sus funciones y por su potencia, pero siempre interconectados. Se rige por las reglas de un mercado mundializadoen torno a una competencia pautadaen beneficio de los sectores más poderosos y concentrados del orbe. Una competencia con cartas marcadas, ya que el juego está predeterminado en beneficio de quienes controlan la partida, que a su vez consideran al Estado como una mercancía más. Lo que en verdad limita el poder estatal es el poder corporativo, afirma Calveiro.

A diferencia del viejo terrorismo de Estado de los años 70 en México y América Latina, en la actualidad se da la coexistencia del pregonado estado de derecho con un verdadero estado de excepción. Ello ha derivado en una multiplicación de figuras de excepción dentro del derecho ordinario, la creación de estándares paralelos y el uso de prácticas estatales abiertamente ilegales, con el resultado de que una buena parte de la población, considerada prescindible o desechable –migrantes, pobres, delincuentes– queda fuera de toda protección legal.

La superposición de estado de derecho y estado de excepción da lugar a una duplicidad jurídica. Mientras el estado de derecho se amplía para algunos, se restringe para otros –considerados el enemigo interno–, a quienes se aplica un estado de excepción permanente (Benjamin, Agamben) y son alcanzados por el brazo represivo de un Estado que considera a sus vidas y sus bienes exterminables y expropiables. Como agrega Agamben, son nuda vida; vidas menores, sobre las que el Estado y formaciones paramilitares pueden disponer de manera salvaje sin recibir sanción alguna. En ese contexto, la falsa guerra al crimen de Calderón, al conectar los servicios represivos militar y policial, la política y los negocios, derivó en una alta rentabilidad económica para la red de control global. Enrique Peña Nieto deberá continuar la tarea.

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