El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un verdadero golpe de estado corporativo

17 de septiembre de 2012.

POR Lori Wallach / SinPermiso

Cuando el movimiento Ocupa forzaba el debate público sobre la influencia extrema de las corporaciones en cada aspecto de nuestras vidas, detrás de puertas cerradas las mayores corporaciones estadounidenses trabajaban para implementar una estrategia orientada a formalizar su predominio de un modo aterrador. El mecanismo se llama la Alianza Trans-Pacífico (ATP) y las negociaciones se realizan en extremo secreto, por lo que no se sorprenda si nunca oyó hablar de ella. Pero la decimotercera ronda de negociaciones entre los Estados Unidos y ocho países de la Cuenca del Pacífico se celebró en San Diego a principios de julio.

La ATP ha sido ingeniosamente mal  denominada un acuerdo comercial (bostezo) por sus promotores corporativos. Como resultado, desde que George W. Bush inició las negociaciones en 2008, se ha mantenido debajo del radar. Inicialmente, el gobierno de Obama detuvo las conversaciones, supuestamente para desarrollar un nuevo enfoque, más compatible con las promesas del candidato Obama de reemplazar el viejo modelo de comercio basado en el TLCAN. Pero para fines de 2009, las conversaciones recomenzaron justo donde las había dejado Bush.

Desde entonces, los negociadores estadounidenses han propuesto nuevos derechos para las grandes empresas farmacéuticas y han hecho avances en la redacción del texto de la ley contra la piratería en línea, lo que limitaría la libertad en Internet, a pesar del descarrilamiento de SOPA (Stop Online Piracy Act), gracias al activismo público, en el congreso a principios de este año. En junio, se filtró un texto del capítulo de inversiones ATP, revelando que los negociadores estadounidenses están presionando para expandir los tribunales empresariales de TLCAN, utilizados para atacar las leyes nacionales sobre el interés público.

Piense en ATP como un mecanismo de entrega furtiva de políticas que no podrían sobrevivir el escrutinio público. De hecho, sólo dos de los veintiséis capítulos de este Caballo de Troya corporativo abarcan cuestiones comerciales tradicionales. El resto encarnan los sueños más floridos del 1 por ciento: nuevos derechos y privilegios para las corporaciones y restricciones permanentes a la regulación gubernamental. Se incluyen nuevas garantías para los inversores para facilitar la deslocalización de empleos y ejercer control sobre los recursos naturales, y limitan severamente la regulación de los servicios financieros, del uso de la tierra, la seguridad alimentaria y los recursos naturales, la energía, el tabaco, la salud y otros.

Los intereses son enormes ya que ATP puede bien ser el último acuerdo “comercial” que Washington negocia. Esto se debe a que si se completa, la ATP quedaría abierta para que cualquier otro país se una. En mayo, el Representante Comercial de los EE.UU., Ron Kirk, dijo que “nada le daría más placer” que China se una. En junio, México y Canadá entraron al proceso, creando un TLCAN en esteroides, bajo la mirada de la mayor parte de Asia.

Bajo el tratado, los países estarían obligados a adaptar todas sus leyes y reglamentos internos a las normas de la Alianza, conformando con ello, un verdadero golpe de estado corporativo. El pacto propuesto incluso limitaría la forma en que los gobiernos podrán gastar sus impuestos. Se prohibirían todas las iniciativas de compras locales y otras preferencias de contratación que no sean inversiones en la economía de EE.UU., y se pondrían cuestionar las condiciones relativas a los derechos humanos y ambientales como las de “libre de explotación”. Si la ATP llega a término, sus normas retrógradas podrían ser modificadas sólo si todos los países se pusieran de acuerdo, independientemente de los resultados electorales nacionales o de cambios en la opinión pública. Y a diferencia de muchas leyes internas, la ATP no tendría fecha de caducidad.

El incumplimiento de la obligación de adaptar las leyes nacionales a las normas de la ATP llevaría a los países a demandas ante tribunales ATP facultados para autorizar sanciones comerciales en su contra. El capítulo de inversiones que se filtró también muestra que bajo la ATP se ampliaría el sistema legal paralelo incluido en el TLCAN. Llamado Investor-State Dispute Resolution, faculta a las corporaciones a demandar a los gobiernos –fuera de sus sistemas judiciales internos– por cualquier acción que las corporaciones consideren que socavan sus beneficios esperados futuros o sus derechos en el marco del pacto. Estos tribunales internacionales estarían presididos por tres abogados del sector privado que rotarían como “jueces”– facultados para ordenar a los gobiernos a pagar a las corporaciones cantidades ilimitadas en multas– y como representantes de las empresas que utilizarán este sistema para asaltar las tesorerías gubernamentales. La versión del TLCAN de este sistema judicial ha obligado a los gobiernos a pagar más de US$ 350 millones a empresas después de que éstas entablaran demandas en contra de la prohibición de productos tóxicos, políticas de uso del suelo, normas forestales y otras.

Las únicas noticias sobre la alianza en los medios de comunicación son una repetición del mantra habitual: es un pacto de libre comercio que ampliará las exportaciones estadounidenses. Pero el comercio es lo de menos. Estados Unidos ya tiene acuerdos de libre comercio que eliminaron los aranceles en la mayoría de los países del ATP, lo que resalta el hecho de que el ATP es principalmente acerca de nuevos derechos corporativos, no sobre comercio. Además, en virtud acuerdos de libre comercio previos, el crecimiento de las exportaciones de los EE.UU. hacia los países socios de esos acuerdos ha sido la mitad de lo que a países con los que no tiene dichos acuerdos. Desde la entrada en vigencia de TLCAN y otros acuerdos similares, los Estados Unidos han sido criticados por un enorme déficit comercial, que ha costado más de 5 millones de puestos de trabajo y el cierre de más de 50.000 plantas de fabricación.

¿Cómo es posible que algo tan extremo haya llegado tan lejos? El proceso ha sido sorprendentemente secreto. En 2010, los países de ATP acordaron no divulgar los textos negociados hasta cuatro años después de firmado o abandonado el acuerdo. Incluso la Organización Mundial del Comercio, no precisamente un modelo de transparencia, publica los borradores de los textos que negocia. Esto significa que aunque la ATP podría reescribir vastas áreas de política nacional que afectan a todos los aspectos de nuestras vidas, los medios y el Congreso están a ciegas. Sorprendentemente, al senador Ron Wyden, presidente del comité del Senado con jurisdicción oficial sobre la ATP, se le ha negado acceso a las propuestas estadounidenses en las negociaciones. Pero 600 representantes empresariales que sirven como asesores oficiales comerciales estadounidenses tienen pleno acceso a dichos textos y juegan un papel especial en las negociaciones. Al ser cuestionado sobre el conflicto que esto representa con el supuesto compromiso de la administración de Obama con la transparencia, el Representante Comercial Kirk señaló que, después de la publicación del texto del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en 2001, no se pudo completar las negociaciones. En otras palabras, el funcionario a cargo de la ATP dice que el único camino para completar el acuerdo es mantenerlo oculto de las personas que tendrán que vivir con los resultados.

El objetivo era completar las negociaciones este año. Afortunadamente, la oposición de algunos países a las demandas empresariales más extremas ha ralentizado el proceso. Australia ha anunciado que no se someterá a los tribunales corporativos paralelos, y ella y Nueva Zelanda han rechazado una propuesta de EE.UU. para permitir que las compañías farmacéuticas impugnen las decisiones sobre los precios de las medicinas, que han permitido que las medicinas en esos países cueste mucho menos que en los Estados Unidos. Todos los países han rechazado la propuesta de EE.UU. de extender los monopolios de las patentes a los medicamentos. Justamente fue ese uno de los textos filtrados, lo que ha permitido a los funcionarios de salud de los gobierno y activistas en todos los países expresar su oposición. Asimismo, muchos países han rechazado una propuesta de EE.UU. que prohíbe a los países utilizar controles al capital, impuestos y otras medidas macro-prudenciales para limitar el poder destructivo de los especuladores financieros.

Sin embargo, nos enfrentamos a una carrera contra el tiempo, ya que gran parte del texto de la ATP ya ha sido acordado. ¿Se saldrán con la suya los banqueros, las grandes empresas farmacéuticas, las petroleras, agroindustriales, las multinacionales del tabaco y los otros sospechosos habituales en este asalto masivo contra la democracia? ¿Se despertará el público ante esta amenaza, para luchar y exigir un trato justo o ningún trato? La Ronda de Doha de expansión de la OMC, el ALCA y otros ataques corporativos a través de “acuerdos” de comercio fueron descarrilados exitosamente cuando los ciudadanos del mundo tomaron medidas y exigieron explicaciones a sus gobiernos. Ciertamente, en este año electoral, estamos bien posicionados para cambiar la historia respecto de esta “Alianza”.

 

Lori Wallach es directora de la división de Public Citizen`s Global Trade Watch desde 1995, y co-autora de Whose Trade Organization?

 

Traducción: Antonio Zighelboim

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