La descomposición nacional

NARCOTRAFICO

La descomposición nacional

Marcela Turati

La morgue de Matamoros es una sucursal del purgatorio. Tras hacerse público el hallazgo de fosas llenas de cadáveres en San Fernando, Tamaulipas, cientos de personas de todo el país acudieron para saber si sus desaparecidos –de los que no habían hecho la denuncia por puro temor– están ahí, entre los ejecutados. Los trámites son lentos y dolorosos… más cuando las respuestas tardan en llegar y aún más cuando se sabe que muchos cuerpos fueron enviados al Distrito Federal porque esta ciudad, “La Meca” de los desaparecidos, ya no se da abasto…

MATAMOROS, TAMPS.- El hedor traspasa las paredes de la morgue. Se cuela por escuelas, negocios y casas, impregna la ropa, atasca las gargantas, encoge la nariz, provoca náusea, obliga a apurar el paso. En el edificio blanco donde se origina la peste hay 71 cuerpos en el piso, unos sobre otros, que esperan su turno para la autopsia.

En el estacionamiento, un tráiler de esos que podrían transportar frutas, sirve como depósito para otros 74 cadáveres envueltos en bolsas de basura y amortajados con cinta adhesiva que lleva escrito el lugar de su hallazgo.

Las carrozas fúnebres llegan cada tanto con otros cuerpos recién desenterrados. En el último conteo eran 145.

Los cementerios clandestinos descubiertos en el municipio bisagra de San Fernando –que une a Reynosa y Matamoros con Ciudad Victoria– evidencian el nivel de descomposición de la narcoguerra.

Cada fosa es prueba del encubrimiento oficial a la anormalidad cotidiana: las carreteras controladas por criminales, las matanzas cotidianas, el subregistro de muertos, las desapariciones masivas de personas, la primitiva barbarie de los grupos enfrentados, el reclutamiento forzado de jóvenes para la guerra, la cómplice indiferencia de la justicia y el obligatorio silencio ciudadano.

“Hasta ahora se dieron cuenta de lo que pasa. ¿Ya cuándo?, si mi marido y su compadre iban a León a dejar unos carros y nunca llegaron a Victoria y vivo sin una noticia, ¡nada!”, reclama una rubia con lentes oscuros y palabras atascadas por las lágrimas.

“Desde el año pasado había ya muchas denuncias pero no nos oían, era como hablar abajo del mar”, dice furiosa una tamaulipeca flaquita y ágil que de la cajuela de un auto descarga garrafones de agua potable. Los deposita bajo la lona improvisada como albergue atendido por espontáneos que alimentan y consuelan a los fuereños que llegan para cotejar si sus familiares, los que un día no llegaron, están entre los desenterrados. Matamoros, Meca nacional de las familias con desaparecidos.

“No habíamos denunciado nunca. Apenas nos animamos porque están sacando tanta gente de las tumbas y vimos en las noticias que llegaron muchas familias”, reconoce el padre de Leonte Silva Hernández –criador de pollos, padre de tres hijos y desaparecido en noviembre en San Fernando–, de quien no había denunciado la ausencia por miedo a que “lo tormenten”.

Los sepulcros removidos atrajeron a tamaulipecos de todos los puntos del estado, que aquí son mayoría, pero también a personas de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Distrito Federal, Zacatecas, Michoacán, Jalisco o Guanajuato que sospechan que sus familiares fueron capturados en alguna de estas carreteras de la muerte.

La pesadilla ocurrió en San Fernando –municipio vecino controlado por Los Zetas, que desde el año pasado está en guerra contra el cártel del Golfo, su origen–, el mismo que escandalizó al mundo en agosto pasado por el hallazgo de 72 migrantes centro y sudamericanos asesinados.

El nuevo encuentro de ocho fosas clandestinas con 59 cadáveres ocurrió el 6 de abril y destapó la podredumbre: los criminales asesinaban a los pasajeros de los autobuses que transitaban por la carretera de San Fernando, como ocurrió en tres corridas a finales de marzo.

El Ejército detuvo a varios implicados que señalaron los sitios de las excavaciones, y a 11 policías locales cómplices. Hasta el viernes 15 ya eran 145 los cadáveres exhumados de decenas de fosas.

Un ama de casa de Ciudad Altamirano, Guerrero, se mantiene inmóvil, recargada contra una pared de la oficina de servicios periciales. Es la presentida viuda de uno de los pasajeros del ómnibus que iba a Reynosa, donde su esposo y seis compañeros intentarían cruzar a Estados Unidos.

“Como no llegó pedimos hablar con el chofer para preguntarle, pero en la terminal nos dijeron que no reportó nada. Los de los autobuses sospechaban que les faltaba gente porque “sobraban maletas”. Hasta después el chofer nos confesó que, entre las siete y las ocho de la mañana del 29 de marzo, unos hombres armados bajaron a todo el pasaje, como a 25 gentes, y nomás dejaron irse a las dos mujeres que iban, al chofer y su ayudante”, cuenta esta madre de cuatro hijos que lleva una mochila con ropa como único equipaje.

Ninguno de los guerrerenses denunció la desaparición porque esperaban que los secuestradores pidieran rescate, como es la usanza. Entonces supo por las noticias que los cuerpos de los pasajeros eran albergados en esta morgue.

“Tengo tres días aquí, dicen que no puedo verlos, que los cuerpos están muy descompuestos… si está vivo o muerto lo quiero encontrar”, dice triste y asustada: “Borre el nombre de él, dicen que a veces los tienen vivos y si se publica, los matan”.

Otra mujer de Arcelia, Guerrero, hace fila para que le tomen la muestra de ADN para sacar a su hijo de entre los cuerpos apilados en las bolsas de basura: “Es jornalero, iba a Reynosa, salió el 28 de marzo en uno de esos camiones”.

Los forasteros que llegan a la morgue tienen que hacer al menos cuatro filas que duran horas: dos para denunciar la desaparición, dos para dejar su sangre para el cotejo genético.

En la recepción de la oficina de servicios periciales, en el tiempo de espera se escuchan las inquietudes comunes:

–Señorita, ¿no nos podrán poner las fotos de los muertos? –pregunta un ranchero anciano.

–No. Quedaron irreconocibles por el paso del tiempo y las condiciones de su muerte –contesta la recepcionista–. Sólo describiendo las ropas, tatuajes o cadenas se puede saber. Por eso se pide que dejen esos datos porque aunque hay 100 cuerpos han venido más de 400 familias buscando.

–¿Hasta cuándo nos van a decir? –pregunta frustrada una mujer con cuatro días de espera.

–Señora, es que hay muchísima gente y tenemos que mandar los paquetes para cotejar.

La oficina parece un purgatorio lleno de personas con miradas perdidas, ojos llorosos, lágrimas escurridas. A ratos se hace el silencio de un velorio, otras veces se convierte en comunidad de autoayuda.

–A veces es mejor, de una vez, el trancazo a estar todo el día pensando si estará vivo, si lo estarán golpeando, si habrá comido –dice alguien.

–Ya ni pasa la comida, nos dan una muerte lenta –dice una joven con un bebé en brazos.

–Nosotros no queremos encontrar a mi hijo aquí. Lo queremos vivo. Ya lo hemos buscado en Reynosa, Laredo, Mier. Hasta fuimos a ver unos cuerpos quemados pero no pudimos: no quedó ni un teni, ni un pantalón y así andamos –dice la mamá del cocinero Leonel Ignacio Mancilla Silva, desaparecido en un auto particular con su jefe y dos compañeros de trabajo en la carretera a Reynosa.

Hasta 100 personas al día hacen fila para ser atendidas. Algunas se persignan al momento de tomar su turno. Una anciana nerviosa suspira y dice: “Que sea lo que Dios quiera, ¿qué más?”.

Cargando recuerdos

En el predio contiguo, los forenses enfundados en trajes quirúrgicos blancos manipulan los cadáveres. Bajan del tráiler las bolsas de basura con forma humana hasta depositarlas en el piso del Servicio Médico Forense. En sentido contrario sacan otros para subirlos al tráiler.

A quienes buscan a sus familiares se les encoge el corazón cuando miran, perplejos, la manipulación de los cadáveres dispuestos en el contenedor como si fueran cajas de fruta.

“Dios quiera que mis familiares no estén aquí, no me da gusto ver cómo están sacando las personas del camión”, dice mientras se aleja apurada la cocinera Isidra Pérez Segundo, que en un mismo día perdió a su hijo, su nuera, su hija con ocho meses de embarazo, su yerno y un nieto de cinco años en la carretera. Ahora ella mantiene a Daira Yareli, su nieta huérfana a los cuatro años, que sonríe desde la pantalla del celular.

Los forenses apenas se dan abasto. A ratos salen a fumar para exorcizar el tufo agarrado a la garganta. Se abren el zíper de los overoles.

En voz baja, porque tienen prohibido dar información, dicen que la mayoría de los asesinados que han revisado llevan las manos amarradas a la espalda y las camisetas sobre la cabeza. No van vendados. Pocos tuvieron una muerte rápida. Tres eran mujeres.

“Están muy golpeados, con golpes en el cráneo, como con un fierro, un tubo, un mazo. Así vienen los nueve que revisamos hoy. Unos ni siquiera se pueden evaluar, casi ninguno tiene disparo en la cabeza”, dice uno de ellos a Proceso.

Otro perito investigador que participó en la localización de las fosas explica que detectaron los cementerios gracias al “dedo” (informante) que los guió, porque no están al pie de la carretera ni a simple vista. Tuvieron que excavar unos montículos hechos con maquinaria por los criminales para esconder a sus víctimas.

Este funcionario confirma que la mayoría fueron asesinados a golpe de marro. Como todos, adjudica el crimen a Los Zetas, que dominan la zona.

Algunos de los muertos tienen ropa de invierno. Casi todos eran pobres (“no tenían para pagar casetas, para vías más rápidas, y nadie quiso enterarse porque no eran hijos de ningún famoso”, dice).

–¿Por qué los habrán matado? –se pregunta al investigador.

–A todos los hombres, jóvenes, en edad de enrolarse, los ven como potenciales enemigos. Podría ser que están tan desesperados que los matan previniendo que se hagan sicarios del Golfo. Además, así les impiden llegar a Matamoros y Reynosa, que controlan los contrarios.

Purgatorio nacional

Ninguna autoridad se puede decir sorprendida por lo que aquí ocurre. Sobre todo si se miran los papeles que tapizan las oficinas con mensajes como “ayúdanos a encontrarlo” y los rostros de jóvenes como Eli Octavio, de 17 años, extraviado en la carretera de San Fernando; la quinceañera Yukan Yanay, levantada en el centro de Valle Hermoso igual que el joven Francisco Felipe Maya. Son cientos.

Quienes están aquí ya recorrieron las rutas de las narcofosas. Como el anciano Crescencio Ortiz, tamaulipeco de San Fernando, cultivador de sorgo, quien busca a su hijo Adolfo, también agricultor (“y no era ni borracho ni fumador ni jugador ni nada”, aclara).

“Desde que no volvió fue andar buscando muertos tirados, ir a verlos, caminar en la orilla de la carretera o en algún monte o en las funerarias. Pedir al Ejército que nos enseñe a los que han liberado para ver si lo vieron.”

O los familiares de Natanael Arturo y Josué Arcel, hermanos defeños que fueron a McAllen a comprar ropa para el bebé del primero. Antes de desaparecer, uno de ellos envió por celular un mensaje: “Nos acaban de secuestrar en San Fernando, no hahas nada si llega a pasar algo solo avisale a mis papas. me metieron en la cajuela. no me vayas a llamar ni nada”. Sus padres han peinado Tamaulipas, esquivado “halcones”, acudido a morgues, procuradurías, PGR, Marina, Sedena, Policía Federal, derechos humanos, periodistas, las señora Wallace y Moreira, para recuperarlos.

La esperanza no muere. Se refugian en la oración, en adivinos o hasta en milagros. Como la anciana oaxaqueña que dice: “Quiero ir a la televisión con Laura (Bozzo) para ver si ella los encuentra”.

Los nervios se quiebran en la larga espera, como ocurre a la señora Guadalupe Alfaro cuando quiere anotar a su sobrino Jairo Daniel entre los desaparecidos que reclama hecha llanto: “¡Quisimos hacer la denuncia pero en la PGR de Reynosa no nos la quisieron tomar, que por seguridad de nosotros! ¡Aquí hay confabulación! Yo tuve que hacer volantes y dejarlos en todos los rincones. Anduve 15 días en las brechas de la carretera, sola, buscando y pidiendo en los retenes y la guarnición militar que me llamaran si aparecía un muerto o si rescataban a alguien”.

La gente explota cuando se entera de que el tráiler con los cadáveres fue enviado al Distrito Federal. Sienten que los separaron de los suyos una vez más.

“¡Los muertos son de Tamaulipas, los queremos aquí! Ya nos quedamos viudas con nuestros huérfanos, ¿para qué quieren exponernos yendo por las carreteras a buscarlos allá? ¿Quieren que maten a otros 500? ¿Cuánto más nos harán esperar para que no los regresen?”, grita con rabia la esposa de Agustín Jaime del Ángel, desaparecido el 1 de diciembre en el “tramo peligroso” carretero.

La familia del matamorense Gonzalo García Casanova, que fue el primero en ser identificado el lunes anterior, reclama porque se lo llevaron al DF con los demás. “Si ya saben quién es, ¿por qué se lo llevan? Nomás nos hacen sufrir más”, lamenta su hermana, quien, como la mayoría aquí, no entiende por qué los “llevaron a pasear”.

Los episodios de rabia estallan contra cualquier funcionario que aparece y la gente reclama que el gobernador Egidio Torre no ha llegado a este lugar a solidarizarse y que Felipe Calderón nunca ha tomado esas carreteras. Los fuereños también reclaman porque nadie les avisó de los peligros de las carreteras.

El chofer de uno de los autobuses que diariamente viaja hasta Victoria reconoce ante Proceso los peligros conocidos por sus colegas: “Desde hace dos años mirabas en la noche o en la madrugada en las carreteras o en las brechas puro camionetón de 300, 400 mil pesos con las puertas abiertas, y puros pelados con armas largas. Por eso dejamos de viajar en la noche. Si vas en carro ¡aguas!, que van y te cierran en las camionetas, te tumban el carro, te secuestran o te matan”.

Sangre llama a sangre

En la fila muchas madres son las primeras voluntarias para hacerse la prueba de la sangre que les permitirá reclamar al hijo. Sus esposos las esperan en los pasillos, nerviosos. También llegan mujeres con todos sus hijos por si se requieren más genes para darle al papá una tumba.

Una niña de tres años está en la fila creyendo que la van a vacunar, porque sus tíos no le han dicho que su papá, su mamá y su hermanito están desaparecidos. Otro niño zacatecano de 12 años, hijo de Enrique Vázquez Ibarra –desaparecido en Méndez cuando regresaba con un carro usado que acababa de comprar– sostiene la foto de su papá para que lo fotografíen, mientras su tío comenta que “lo agarraron frente a la escuela, llegaron, lo cargaron, lo echaron pa’rriba”.

La mayoría de los tamaulipecos nunca había denunciado la desaparición. Por miedo.

Con las historias que se cuentan en la espera se podría hacer una cartografía de los levantones y concluir que en estas tierras los jóvenes son reclutados a la fuerza como combatientes de reemplazo de los exterminados todos los días.

“Mi hijo iba a cumplir 22 años, trabajaba en un Oxxo, el 8 de enero se lo llevaron del trabajo. Fue en Valle Hermoso. No pudimos denunciar porque ahí no hay autoridad.”

“El mío es José Juan Zavala (obrero, padre de cuatro niños). Salió en la mañana y no volvió. En Matamoros se llevan a muchos.”

“Yo vengo por Roberto Díaz, es ayudante de albañil, lo sacaron aquí del solar de su casa.”

“Le tocó a mi hijo César Mosqueda que se lo llevaran como a muchos otros huercos. Un amiguito vino a decirme que una camioneta lo había recogido y del susto ni la camioneta quiso describir.”

“Anote al mío: Daniel Contreras Lerma, de 16 años, y a su amigo César Homero Salazar, de 18, se los llevaron del Oxxo de cuadra y media de la casa. Así pasa en Valle Hermoso: la gente va caminando y se la llevan, o te sacan de casa, y es parejo para hombres y mujeres. Y la gente que se ha escapado no quiere decir si ahí vieron a alguien.”

“A mi hermana (Luz Elena Ramírez, madre, 30 años) le hicieron señas de un carro gris, se acercó, la tomaron del hombro y ya no supimos.”

“Yo busco a Édgar Silquero Vera, gerente de una gasolinera de San Fernando. Encontramos sólo su camioneta Expedition. Se pasean en ella los marinos pero dicen que no saben nada.”

“Mi hijo tendría ‘orita unos 20 años. Se lo llevaron en un levantón en San Fernando porque se llevan a todos parejo a trabajar obligados. Pero mejor borre su nombre.”

Los peritos de la morgue se dan un descanso y vuelven a salir a fumar. Es el jueves 14. Han trabajado toda la semana y les acaban de informar que llegará otra camioneta con una docena de cuerpos.

En los noticiarios del día se anuncia que el gobierno estatal impulsará el estado como destino turístico para Semana Santa. “¡Ya ni la chingan estos cabrones!”, comenta un ministerio público enojado.

Un reportero local que observa el cansancio general comenta: “Y eso que falta que excaven todos los de Camargo, Alemán, Guardado de Arriba y de Abajo, los poblados Los Guerra y Comales, Ciudad Mier, Valle Hermoso, Anáhuac, Cruillas, González Villarreal, Nuevo Padilla, Nuevo Guerrero… Todo el estado está lleno de fosas clandestinas”.

Todo alrededor apesta.

Clamor por los desaparecidos

Gloria Leticia Díaz

Diversas organizaciones de derechos humanos del norte de la República elaboraron un alarmante informe sobre las desapariciones forzadas, especialmente en Tamaulipas: la mayoría son colectivas, de personas de alrededor de 30 años, y las denuncias de estos casos son ignoradas o estigmatizadas. El hallazgo de más de 100 cadáveres en fosas clandestinas en San Fernando apuntala los datos del informe y, además, dicen sus autores, es “la punta del iceberg de una realidad que debe ser atendida por organismos internacionales”, porque en el país no hay experiencia ni intención de buscar a los desaparecidos.

El jueves 14, familiares de ocho hombres originarios de San Diego de la Unión, Guanajuato –desaparecidos el 9 de marzo de 2010 cuando trataban de llegar a Estados Unidos vía Tamaulipas– desistieron de su intento de ir a ese estado pese a los indicios, cada vez más sólidos, de que las personas que buscan estarían entre los 145 cadáveres exhumados hasta el viernes 15 en las fosas de San Fernando.

Tras dar muestras de ADN a la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato, los parientes de José Luis Banderas Hernández, Felipe de Jesús Tapia Frías, Jaime Rodríguez González, Javier García Campos, Jesús Humberto Cantero Hernández, Juan Balderas Tapia, Mauricio Rodríguez González y Miguel Balderas Pérez se convencieron de que su presencia en Matamoros “no aceleraría las investigaciones y que era preferible buscar una forma más efectiva de presionar a las autoridades”, dice a Proceso Ángeles López, directora del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez.

Esa organización ha documentado 15 casos de desaparición forzada en Guanajuato que les fueron presentados a los integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada o Involuntaria (GTDFI) de la ONU durante su visita a México el mes pasado.

López agrega: “El descubrimiento de las fosas clandestinas en Tamaulipas sacudió a las familias de los desaparecidos; tanto, que muchas que se habían reservado su dolor tuvieron que salir a poner una denuncia para que la procuraduría les hiciera las pruebas de ADN. De 27 familias que habían presentado queja formal antes de lo de Tamaulipas, la cifra se disparó a 60; esto habla de la gravedad del problema”.

Muchas de las familias que no han tenido el acompañamiento de organizaciones sociales, apunta, “han sufrido en solitario y al parecer son las que se desplazaron a Tamaulipas en busca de sus seres queridos”.

En entrevista por separado, Blanca Martínez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, dice a Proceso:

“Antes de llegar al Centro, muchos ya habían acudido a varios estados donde se descubría una fosa clandestina, aunque su familiar no hubiera desaparecido ahí; previamente habían ido a centros de detención, cuarteles, hospitales, psiquiátricos, morgues…

“Con el apoyo de las organizaciones, que hemos presionado para que las autoridades se hagan cargo de las pruebas de ADN –antes querían que los deudos pagaran los gastos–, ahora presionamos para que hagan su trabajo y los familiares esperen los resultados. No hay necesidad de que vayan al infierno.”

La información genética de los familiares, apunta, “se va a cotejar con la de los restos que tiene la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, y los que resulten positivos van a reclamarse al Servicio Médico Forense de la Ciudad de México, donde se van a almacenar”.

Ambas activistas coinciden en que ha sido la presión de organizaciones y familiares la que ha obligado a las autoridades a reconocer un problema que ya es inocultable: las desapariciones forzadas, multiplicadas en la guerra contra el narcotráfico.

En su informe preliminar, dado a conocer el 31 de marzo, el GTDFI señala que, en varios estados del país, “más de 3 mil personas habrían desaparecido desde 2006”; en ese mismo periodo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) integró 283 expedientes por desaparición forzada.

En paralelo a las desapariciones, esta guerra contra el narco se ha caracterizado también por la siembra de cadáveres.

Un recuento hemerográfico de Proceso –tomando como rango la inhumación mínima de cinco cuerpos en un mismo sitio– revela que en este sexenio se han descubierto 718 cadáveres en 47 fosas clandestinas en Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua, Oaxaca, Coahuila, Guanajuato, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Sonora, Baja California, Campeche, Quintana Roo, Jalisco e Hidalgo.

Antes del hallazgo de las fosas clandestinas en San Fernando, que hasta el viernes 15 sumaban 145 cadáveres, y de los cuerpos de 72 migrantes centroamericanos sin sepultar descubiertos en 2010, en el ejercicio realizado por este semanario en la prensa nacional no se hallaron referencias de inhumaciones clandestinas con restos de cinco o más personas en Tamaulipas.

“No hay reglas claras”

Tras el descubrimiento de las fosas clandestinas de San Fernando, Ariel Dulitzky, integrante del GTDFI, reitera la posición de esa instancia de la ONU tras su visita al país: “México carece de una política integral para hacer frente al fenómeno de las desapariciones forzadas”.

Consultado por este semanario vía correo electrónico, Dulitzky resalta que durante la visita del GTDFI, “a pesar de las preguntas formuladas, no recibimos información sobre los motivos por los cuales Plataforma México no ha sido utilizada de forma sistemática para determinar la suerte o el paradero de víctimas de desapariciones forzadas ni para encontrar posibles fosas clandestinas”.

Cauteloso en su respuesta por su condición de miembro del GTDFI, Dulitzky sostiene que “en México no existen reglas claras para realizar procesos de exhumación e identificación de restos humanos, y tampoco para su almacenamiento”.

Durante la visita, apunta, “como Grupo de Trabajo resaltamos los problemas respecto a la búsqueda de personas desaparecidas forzosamente, la identificación de restos, la exhumación de cadáveres, la falta de base de datos centralizada sobre personas desaparecidas y la falta de acceso a la información relacionada con casos de las desapariciones forzadas”.

En una entrevista anterior con la reportera, el especialista resaltó que tras hablar con diversas autoridades del gobierno calderonista, la primera conclusión del GTDFI fue que “no asumen que hay un problema de desaparición forzada en México, lo cual, unido al tema de que hay indicios del deterioro de la situación de derechos humanos, es preocupante”. (Proceso 1796).

La máxima expresión de la negación del problema ocurrió el martes 12 en Torreón, Coahuila, durante una gira de trabajo de Felipe Calderón con empresarios.

Fuera del hotel donde se llevaba a cabo la reunión, el Estado Mayor Presidencial intentó cubrir con dos tráileres la protesta de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec), que exigían la presentación con vida de 155 personas desaparecidas desde que arrancó la guerra contra el crimen organizado.

Fundec es una agrupación que junto con otras ocho organizaciones civiles, entre ellas los centros de derechos humanos Victoria Diez y Fray Juan de Larios, elaboró el informe La desaparición forzada. Expresión del incumplimiento de las responsabilidades de respeto, protección y garantía de los derechos a la seguridad, integridad y libertad en México.

El documento, del que Proceso tiene copia y que también se entregó al GTDFI, recaba 250 casos de desaparecidos en Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Guanajuato.

En su realización también participaron las organizaciones chihuahuenses Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CDHM), Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Justicia para Nuestras Hijas y Comisión de Solidaridad y Defensa de Derechos Humanos; la nuevoleonesa Ciudadanos en Apoyo de los Derechos Humanos (CADHAC) y el coahuilense Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi.

El informe señala que 90% de las desapariciones en el noreste del país son colectivas; en su mayoría las víctimas son hombres con una edad promedio de 30 años; que las desapariciones son estigmatizadas con el término de “levantones” para “disimular o encubrir una desaparición forzada”, y que los familiares que se atreven a denunciar ante las autoridades deben demostrar que la persona reclamada “no es delincuente o prostituta”.

Entre los factores comunes que han identificado están: que cuando las autoridades ministeriales admiten una queja por desaparición forzada, la turnan al departamento de “personas extraviadas o ausentes”, o bien se integran actas administrativas o circunstanciadas que carecen de valor legal para iniciar una investigación; prevalece una dilación injustificable en las investigaciones, en tanto que a algunos familiares se les indica que “a sus seres queridos se los llevaron grupos de la delincuencia organizada, sin más, como si esto fuera excluyente de responsabilidad para las autoridades”.

Recurrentemente, organizaciones y familiares de desaparecidos son víctimas de hostigamientos y amenazas, incluso de las autoridades; se reportan casos extremos, como la denuncia penal por usurpación de funciones que interpuso la CNDH contra el abogado del CADHAC Leonel Jasso, por darle seguimiento a una queja.

En Chihuahua, policías federales y agentes de la PGR intentaron detener en enero pasado a Ángel Alvarado Fabela, padre José Ángel Alvarado Herrera y tío de Nitza Paola Alvarado Espinosa y Rocío Irene Alvarado Reyes, detenidos y desaparecidos por militares en diciembre de 2009.

El 28 de enero, acompañado por Luz Estela Castro y Gabino Gómez, del CDHM, Alvarado fue a las instalaciones de la PGR, donde pretendieron tomarle fotografías y huellas dactilares; un día después recibió una amenaza telefónica: “Nosotros tenemos a tu hijo y está vivo. Te vamos a matar como a un perro a ti y a tus hijos. Tienes 12 horas para dejar la casa y la ciudad; si no, los matamos a todos porque están hablando demasiado”.

El “hoyo negro” de Tamaulipas

En el informe de las nueve organizaciones se destacan los riesgos de cruzar por Tamaulipas porque en esa entidad prevalece “una situación de violencia tal que la posibilidad de documentación de las víctimas de esta guerra rebasa las posibilidades de las organizaciones civiles en este estado. Las dos casas de migrantes que hay en Tamaulipas sobreviven en medio de grandes riesgos que se han incrementado a partir de la denuncia de secuestros de migrantes”.

Los ataques del crimen organizado contra los migrantes no son nuevos. En entrevista con este semanario, Consuelo Morales Elizondo, directora del CADHAC, recuerda que en 2006 su organización recibió la denuncia de una migrante guatemalteca que fue víctima de explotación sexual luego de ser secuestrada al internarse en México.

“Llegó a Monterrey huyendo de sus captores. Lo que nos dijo es que sus secuestradores la concentraron con varios migrantes más en Veracruz, en un lugar administrado por una mujer a la que apodaban Madre; los traficantes pagaban por cada uno 500 dólares y de ahí los trasladaron a Reynosa en camionetas de lujo; todo el trayecto estaba arreglado con los militares, los policías estatales, federales y municipales.

“En Reynosa los llevaron a residencias vacías donde los traficantes seleccionaban entre quienes sus familiares podían pagar un rescate y quienes no; a éstos les daban la opción de trabajar con ellos, de traficar droga o prostituirse.

“La migrante contó que quienes intentaban huir recibían un castigo ejemplar: eran asesinados a golpes y sus cuerpos permanecían en la casa de seguridad hasta que el olor era insoportable; ese fue el destino de un amigo suyo que la defendió del abuso de los traficantes, y de dos mujeres que huyeron y acudieron a las autoridades de migración y municipales a denunciar. Fueron los municipales quienes las entregaron a sus verdugos”, agrega la directora de CADHAC.

Este caso, apunta Morales Elizondo, formó parte de una averiguación previa integrada por la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, de la PGR. Pero “no sólo no hicieron nada sino que lo que nos demuestran las fosas de San Fernando es que la situación está peor; antes viajaban en camionetas con la complicidad de autoridades pero ahora secuestran camiones completos y eso no puede explicarse si no es con la complicidad de militares, policías federales, estatales y municipales”, añade.

En junio de 2008, Proceso documentó (número 1651) más de 130 desapariciones forzadas de diciembre de 2006 a junio de 2008 en Tamaulipas a partir de datos proporcionados por la Policía Ministerial de ese estado, que contabilizó 90 denuncias, y por los 48 registros del Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de Derechos Humanos de Reynosa, organización que dejó de operar por la violencia incontenible, según información de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas.

En noviembre de 2010, las organizaciones sociales empezaron a conocer casos concretos de secuestros de autobuses que partían del centro del país con rumbo a la frontera tamaulipeca.

Miguel Ángel García Leyva, abogado de la Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad, con sede en Baja California, señala en entrevista con este semanario que en el Tercer Encuentro de Familiares de Desaparecidos que se llevó a cabo en la capital de Chihuahua “se presentaron familias de Guanajuato y de Michoacán que denunciaron el secuestro de 39 personas que viajaban en autobuses de pasajeros en el tramo de San Luis Potosí a Tamaulipas”.

García Leyva, cuya organización presentó al GTDFI una lista de mil 800 personas desaparecidas en Baja California, resalta que en una investigación realizada por su organización durante dos años detectó que en la carretera federal que recorre Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California “proliferan retenes con agentes federales y de la PGR entre los que detectamos personas armadas no identificadas como parte de la corporación, que son los encargados de subir a los camiones de pasajeros y, por la simple apariencia, bajar a presuntos migrantes, a quienes extorsionan e incluso llegan a desaparecer, sin que las autoridades intervengan”.

En el informe entregado por las nueve organizaciones de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Guanajuato no hay duda de que en la guerra contra la delincuencia organizada las “principales víctimas son hombres y mujeres, ciudadanos trabajadores cuyo único ‘delito’ ha sido estar en el lugar y momento equivocados, y su victimización es justificada por el titular del Ejecutivo como daños o efectos colaterales”.

Los casos documentados, agrega el documento, son “sólo la punta del iceberg de una realidad de otras dimensiones que consideramos debe ser atendida por organismos internacionales de Derechos Humanos de la OEA y de la ONU”.

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